Más allá de la ley Sinde: PP, PSOE y Ciudadanos quieren que el cierre de webs no requiera autorización judicial

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Más allí de la ley Sinde: PP, PSOE y Ciudadanos quieren que el cierre de webs no requiera autorización judicial

Partido Popular, PSOE y Ciudadanos han presentado esta semana alguna enmienda conjunta a la Ley de Propiedad Intelectual para que bloquear webs no requiera de un control judicial. “Ni aunque el pequeño control que aún había en la ley Sinde”, alerta David Bravo, abogado especializado en derecho informático y propiedad intelectual.

De aprobarse esta modificación de la legislación actual, no sería necesaria la autorización de la Justicia para trasladar a cabo el bloqueo de alguna página web, como sí es necesario en la actualidad. “Estas enmiendas culminan el procedimiento iniciado con la ley Sinde de apartar a los jueces de la facultad exclusiva de bloquear páginas web”, garantizara Bravo a Xataka.

No se requerirá autorización judicial, “ni aunque el pequeño control que aún había en la ley Sinde”, dice el abogado David Bravo

Mantiene que “no es casualidad que este tipo de leyes represivas a nivel nacional y europeo coincidan en el tiempo, sino que se debe a que la fábrica nunca ha dejado de ejercer su labor de lobby durante que los internautas hemos relajado -cuando no totalmente abandonado- la defensa de nuestros derechos”.

La enmienda ha sido notificada en el Boletín Oficial de las Cortes Generales (se puede consultar aquí, es la número 32) y sus firmantes son el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario Ciudadanos.

“No requerirá la autorización legal prevista”, detalla la enmienda

Tal y como elucida el jurista en el su perfil de Twitter, la ley Sinde que permitía que un órgano del Ministerio de Cultura pudiera bloquear webs sin control legal si dicho órgano, conocido como comisión Sinde, consideraba que la web en cuestión infringía la propiedad intelectual.

Este detalle trascendental movilizó a gran parte de los activistas e internautas apretando al PSOE, que terminó asegurando que habría tutela de la Justicia, aunque con matices. “Si el cierre no afectaba a la libertad de expresión el juez tenía que ejecutarlo sin poder discutir el fondo del asunto”, elucida David Bravo. Si el bloqueo sí perjudica a ese derecho, el asunto cambia actualmente.

La enmienda tiene visos de prosperar dado que PP, PSOE y Ciudadanos suman lo bastante en el Congreso de los Diputados para aprobarla

Sin embargo, si se aprueba esta enmienda y prestaciones tiene, dado que PP, PSOE y Ciudadanos suman lo bastante en el Congreso de los Diputados, ni aunque se necesitará ese permiso.

De la ocasión actual, en la que la ley dice que “la medida de colaboración dirigida al prestador de servicios de intermediación conveniente exigirá de la previa autorización judicial”, pasaríamos a que esta no sea necesaria. Lo siguiente dice la enmienda conjunta de los 3 grupos parlamentarios:

“La ejecución de la medida de colaboración dirigida al prestador de servicios, con independencia de cuál sea su naturaleza, no requerirá la autorización legal prevista en el artículo 122 bis de la Ley 29/1998, de trece de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa”.

“Así culminan definitivamente lo de quitarse a los jueces de encima. Y lo sacarán, tienen los votos”, dice Bravo. “Esta misma propuesta de liquidar al completo el control legal para bloquear webs es la que frenaron en 2011 porque era alguna píldora mucho grande para vuestras tragaderas”.

El actual Gobierno estrenó hace 2 meses las multas a webs de descargas de la Comisión Sinde-Wert con alguna sanción de 375.000 euros

A partir de ahora, la enmienda a este plan de ley por el que se modifica la Ley de Propiedad Intelectual tendrá que ser aprobada en el pleno del Congreso, pasando el texto a la comisión parlamentaria conveniente y abriéndose un reciente plazo de enmiendas al articulado. El procedimiento legislativo continuaría con alguna ponencia, alguna deliberación en comisión, alguna deliberación en el pleno y su envío al Senado para, después, volver al Congreso. En las Cortes Generales recibiría la aprobación definitiva.

Esta aparente vuelta a la guerra contra las descargas se inició con el reciente Gobierno de Pedro Sánchez, cuando el reciente ministro de Cultura estrenó las multas a webs de descargas de la Comisión Sinde-Wert con alguna sanción de 375.000 euros. Ha sido la primera multa exigida desde la creación de la Comisión de Propiedad Intelectual gracias a alguna potestad sancionadora impulsada por el PP que ahorita el PSOE usa por primera vez.

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